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Una ley contra el trabajo esclavo

En los próximos días el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para regular el "trabajo a domicilio", utilizado por empresas textiles para tercerizar tareas. El problema con esa figura legal tal como rige actualmente es que termina encubriendo situaciones de precarización y explotación laboral. Los casos más graves son los talleres clandestinos. La presidenta Cristina Fernández confirmó ayer que la iniciativa va camino al Parlamento "para acabar con la indignidad de la esclavitud". Hizo el anuncio en Mar del Plata, después de visitar una planta textil, debido a que la cámara de la indumentaria y los sindicatos del sector colaboraron con el Ministerio de Trabajo para elaborar un proyecto conjunto. La iniciativa define los derechos que asisten a quienes desempeñen tareas en su domicilio, como la forma en que debe calcularse su retribución y el derecho a vacaciones, además de las sanciones que les caben a las empresas textiles y a los talleristas (intermediarios) que violen la regulación. A la vez, la ley obliga a los talleristas que reúnan trabajadores en un domicilio a constituirse como empresa y cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo. La cartera laboral se propone enviar antes de fin de año otros dos proyectos de ley para crear un estatuto específico para las empleadas domésticas y otro para el peón rural. Son los sectores más afectados por la informalidad, con más de dos millones de personas involucradas. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais, destacó que el proyecto para el trabajo domiciliario es "un gran avance para la regularización del sector". Por su parte, el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar, agregó: "El anuncio es excelente, y al fin se va a erradicar una ley que es de 1941. Nosotros hace trece años que venimos peleando con todos los gobiernos para que entiendan cuál es la situación". El empresario explicó que "la nueva ley dice que una obrera a domicilio depende de la empresa que da trabajo" y que "lo que antes eran talleres ahora serán tomados como pymes, haciendo menos engorroso el papeleo para registrarse".

En los próximos días el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para regular el "trabajo a domicilio", utilizado por empresas textiles para tercerizar tareas. El problema con esa figura legal tal como rige actualmente es que termina encubriendo situaciones de precarización y explotación laboral. Los casos más graves son los talleres clandestinos. La presidenta Cristina Fernández confirmó ayer que la iniciativa va camino al Parlamento "para acabar con la indignidad de la esclavitud". Hizo el anuncio en Mar del Plata, después de visitar una planta textil, debido a que la cámara de la indumentaria y los sindicatos del sector colaboraron con el Ministerio de Trabajo para elaborar un proyecto conjunto.

La iniciativa define los derechos que asisten a quienes desempeñen tareas en su domicilio, como la forma en que debe calcularse su retribución y el derecho a vacaciones, además de las sanciones que les caben a las empresas textiles y a los talleristas (intermediarios) que violen la regulación. A la vez, la ley obliga a los talleristas que reúnan trabajadores en un domicilio a constituirse como empresa y cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo.

La cartera laboral se propone enviar antes de fin de año otros dos proyectos de ley para crear un estatuto específico para las empleadas domésticas y otro para el peón rural. Son los sectores más afectados por la informalidad, con más de dos millones de personas involucradas.

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais, destacó que el proyecto para el trabajo domiciliario es "un gran avance para la regularización del sector". Por su parte, el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar, agregó: "El anuncio es excelente, y al fin se va a erradicar una ley que es de 1941. Nosotros hace trece años que venimos peleando con todos los gobiernos para que entiendan cuál es la situación". El empresario explicó que "la nueva ley dice que una obrera a domicilio depende de la empresa que da trabajo" y que "lo que antes eran talleres ahora serán tomados como pymes, haciendo menos engorroso el papeleo para registrarse".


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